El amparo de la defensora marginada por el Presidente

Se trata de Vanessa Lucero, una abogada que había ganado su concurso.

Está claro que un cargo en una defensoría pública tiene más de vocación que de protagonismo. Claro que habrá algunos que buscarán a la medida de sus posibilidades un trabajo bien remunerado y dentro del Estado. Pero no deja de ser muy distinto ese rol al de un fiscal o un juez, que cobran lo mismo. Defienden a quien no puede pagarse un abogado, es decir la mayoría de la gente. Como el caso de ayer, en el que el Ministerio Público de la Defensa (MPD) logró una sentencia favorable a nivel internacional. Filosofía y fallos al margen acá hay dos hechos noticiosos englobados en uno solo. Una abogada tucumana dijo haber sido discriminada por el presidente Alberto Fernández por haberla marginado en la cobertura de una vacante en su provincia por ser mujer y pese a haber salido primera en el concurso. Un clásico.

Se trata de Vanessa Lucero, primera candidata a ocupar la Defensoría Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Miguel de Tucumán. Ella ganó el concurso y terminó primera con 133,75 puntos, seguida de Natalia Castro con 131,5 y Mariano Galletta con 106. Esa fue la terna aprobada por la Defensoría General de la Nación. El entonces presidente Mauricio Macri envió su pliego al Senado en mayo de 2019. Sin embargo, como le pasó a tantos otros candidatos para otros cargos del Poder Judicial, el bloque de Juntos por el Cambio no logró reunir los votos necesarios por la oposición justicialista y el nuevo gobierno de Alberto Fernández retiró los pliegos para revisarlos. Fernández volvió a enviar una treintena de pliegos la semana pasada pero tal como pasó con otros puestos, Lucero no fue la elegida sino el tercero de la terna.

Está claro también que el presidente de la Nación puede elegir al que le plazca de la terna que le envían tanto el Consejo de la Magistratura para los jueces, como la Procuración General para los fiscales y la Defensoría. Lo dice la Constitución. Y está claro, pero no escrito, que los puntajes de los concursos -al menos en el caso de los jueces, donde más pone la lupa este periodista y la prensa en general- lamentablemente se acomodan de acuerdo con las negociaciones políticas y la relación de fuerzas dentro del Consejo de la Magistratura, generalmente a favor del partido o coalición de gobierno y a partir de la discrecionalidad de la «entrevista personal» a los candidatos tras el examen escrito, una prerrogativa que se supone el espíritu constitucional sólo otorga al presidente de la Nación y no al organismo técnico previo a su actuación. En el caso de Lucero su concurso fue en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa.

El asunto es que esa discrecionalidad presidencial no fue explicitada, según sostiene Lucero en su demanda, entre otros argumentos. Es decir, de acuerdo con la amparista, Fernández no fundamentó su decisión. Y ello debiera haber ocurrido en virtud del artículo 7e de la ley 19.549. Allí se establece que todo acto administrativo estatal «deberá ser motivado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto», según recordó en su cuenta de Twitter El Viejo Cabral (@CabralViejo).

El antecedente de Lazzaro y la Cámara Electoral

Lucero pidió a la Justicia que «exhorte al Poder Ejecutivo Nacional y al Senado de la Nación a reevaluar con perspectiva de género el análisis de los pliegos correspondientes a la terna del Concurso MPD N° 156» de la vacante ante el tribunal oral federal de su provincia. «El objeto del presente amparo es hacer cesar la lesión a mi derecho a la igualdad de género contemplado en los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y concordantes de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW)», sostuvo la abogada en su demanda.

El planteo judicial de Lucero se sumó al que se hizo mediáticamente y por redes sociales la semana pasada en defensa de Alejandra Lazzaro, una secretaria de la Cámara Nacional Electoral (CNE) igualmente descartada por el presidente Fernández tras el concurso para ocupar una vieja vacante en ese importante tribunal. Lazzaro, que también ganó su concurso, fue relegada justamente por el juez federal 1 de Tucumán, Raúl Daniel Bejas, quien paradójicamente podría llegar a intervenir ahora en el juicio de Lucero.

En la emisión radial de Juez y Parte de este jueves consulté al diputado nacional por la Coalición Cívica y Juntos por el Cambio Juan Manuel López por la elección de Bejas por parte del Presidente y planteé una comparación de sus objeciones con las críticas que se le hacen desde referentes del kirchnerismo al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz. Es que otra Vanesa, la diputada Siley, reflotó un viejo pedido de juicio político en su contra en medio de la discusión por la intervención del máximo tribunal en el caso de tres jueces trasladados por el macrismo y desplazados ahora por el oficialismo.