Magistratura: ¿conflicto de poderes o desobediencia?

La Corte ratificó su fallo y pasará a integrar el Consejo para el Poder Judicial.
Yendo de la cama al living. Apenas una manzana de plaza separa a las sedes de la Corte y el Consejo de la Magistratura.

Con una velocidad inusual y sin la firma del juez Ricardo Lorenzetti, quien está de viaje y se había opuesto al formato elegido por sus compañeros de tribunal para resolver el caso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó hoy su sentencia de cuatro meses atrás y dispuso la inmediata puesta en funcionamiento del Consejo nacional de la Magistratura según los parámetros de «equilibrio» señalados por la Constitución Nacional e interpretados por ella en su fallo de diciembre pasado. Lo curioso es que si el Congreso no elige a sus dos representantes faltantes -un diputado y un senador- la institución podrá comenzar a funcionar aún sin ellos, solo con reunir el quorum para abrir sus sesiones, algo que parece lejano si el oficialismo mantiene su negativa a la decisión del máximo tribunal.

«La asunción conjunta y simultánea de todos los nuevos miembros estaba prevista para la hipótesis de que la designación de tales consejeros ocurriese de manera escalonada antes del vencimiento del plazo señalado o de la sanción de una nueva ley, y operaba como un reaseguro para evitar que alguno o algunos de ellos se incorporaran al cuerpo antes que otros y, de ese modo, se pudiese generar —eventualmente y en ese ínterin— un nuevo desequilibrio en su composición», dijo la Corte. Ese era uno de los escudos del kirchnerismo para retrasar el cambio.

«Una vez vencido aquel plazo, resultaría inadmisible que la demora o el incumplimiento de ese deber legal por parte de alguno de los estamentos –cualquiera fuera el motivo– pudiera retrasar, frustrar o paralizar el funcionamiento de un órgano de rango constitucional. Resultaría ilógico, además, todo razonamiento que colocara a un estamento en posición de condicionar o impedir la participación de los otros que hubieran cumplido con el mandato legal de nombrar sus representantes», señaló el tribunal.

«No debe perderse de vista que todos los estamentos que debían designar a sus nuevos representantes se encontraban en condiciones de hacerlo a partir de la notificación de la sentencia», recordaron los tres jueces del tribunal en su resolución de hoy, la que se adjunta aquí debajo.

De este modo, las autoridades administrativas del Consejo de la Magistratura deberán remitir los títulos de los cuatro representantes de abogados, jueces y académicos electos en los últimos días para que el propio presidente del tribunal, Horacio Rosatti, que ahora presidirá también el Consejo, les tome el juramento de rigor y puedan asumir sus cargos para completar la integración con veinte miembros del organismo, según lo que marcaba la ley original. Hasta hoy eran trece.

Nueva consejera jueza. Agustina Díaz Cordero, jueza del fuero civil entrevistada en FM Radio Cultura antes de ser electa por sus pares. La otra jueza electa es Viviana Dobarro.

Tanto Rosatti como sus colegas Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz habían sido cuestionados, inclusive por el propio Lorenzetti, por haber repuesto en vigencia una ley derogada por el Congreso al aprobar la reforma en el organismo que impulsó en 2006 la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, declarada inconstitucional en diciembre pasado por la preeminencia de la política por sobre los estamentos técnicos.

Planteadas como están las cosas, es difícil imaginar acuerdos para abrir sesiones plenarias pero también riesgoso que un solo sector pueda hacerlo por sí solo. Desde el vamos, el kirchnerismo advirtió sobre el riesgo de una eventual parálisis del Consejo, el órgano encargado de seleccionar a los futuros jueces y promover la destitución de los magistrados acusados de mal desempeño de sus funciones. De hecho, el organismo aprobó la semana pasada un reglamento de emergencia para no dejar sin resolución temas urgentes como por ejemplo el pago de salarios en el Poder Judicial. Se supone que ello ahora cae en saco roto.

En su resolución de hoy el máximo tribunal describió con precisión casi de cronología periodística los hechos que llevaron a este desenlace: desde la demora del Congreso en elegir a sus dos representantes nuevos por la segunda minoría hasta la media sanción de una nueva ley aprobada la semana pasada en el Senado pero empantanada en la Cámara de Diputados. El problema es que el oficialismo no quiere ceder a la oposición las dos bancas nuevas que se abren para legisladores. Son para la segunda minoría de cada cámara. La Corte había dicho: si no hay nueva ley en 120 días se integra el Consejo con 20 miembros como era con la ley original. Ese ultimátum dividió aún más las aguas.

Entrevista con el presidente saliente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, antes del cumplimiento del plazo puesto por la Corte.

La Corte recibió por la mañana y en su versión digital el expediente del amparo tramitado en Paraná y que frenó la semana pasada la ejecución de su fallo de diciembre. También llegó temprano al máximo tribunal la causa en la que ya había fallado y en la que el impulsor de la demanda, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (CACBA), ya había expresado sus temores por las demoras en el cumplimiento de las pautas de la sentencia.

Oficio

En paralelo el tribunal incorporó los pedidos de per saltum formulados por los abogados Juan Vicente Sola -en nombre de legisladores opositores- y Ricardo Ernesto Sagués -por derecho propio- en lo relativo a lo dispuesto por el juez federal de Paraná Daniel Alonso, quien ordenó al Senado y Diputados abstenerse de designar a los dos legisladores faltantes hasta que resuelva el fondo del caso. La causa fue abierta a pedido de un legislador oficialista, el diputado entrerriano Marcelo Casaretto, entrevistado la semana pasada en la última emisión radial de Juez y Parte. La Corte tomó el caso y anuló la decisión del juez Alonso, a quien calificó de «ignorante». Para ella se trató de un «alzamiento inadmisible» contra una sentencia del máximo tribunal del país. Por ello elevó los antecedentes del caso al Consejo de la Magistratura para que se analice su eventual enjuiciamiento y destitución.

El conflicto de poderes parece claramente planteado. Aunque para algunos no se trata de ello sino simplemente de la desobediencia a una orden judicial, punible como cualquier otro delito. ¿Los autores? Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, en su calidad de presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados. Por no designar a los dos legisladores que deben completar la grilla en el Consejo de la Magistratura. Habrá que esperar sus reacciones a la nueva notificación llegada al Congreso desde Plaza Lavalle.

Y hay que recordar, nobleza obliga, que la Corte se tomó casi cinco años para estudiar el caso, judicializado en 2006 por el CACBA. Y que la resolución llegó justo cuando el Consejo de la Magistratura avanzaba con dos concursos para cinco cargos clave en Comodoro Py: tres juzgados y dos lugares en la Cámara Federal, los mismos por los que en 2020 reclamaron sin éxito ante la Corte los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, trasladados a esos puestos por el Consejo de la Magistratura durante el gobierno de Mauricio Macri. Ellos seguirán allí mientras no salgan sus reemplazantes por concurso.

Entrevista con el abogado constitucionalista y ex legislador nacional Antonio María Hernández.