El Consejo de la Magistratura dijo a la Corte que no actuó en lo de los tres jueces.
El presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, Alberto Lugones, respondió este jueves a la Corte Suprema nacional y le dijo que la institución que encabeza no es responsable de lo dispuesto luego de una resolución propia por el Poder Ejecutivo y el Senado respecto de los tres jueces federales que terminaron separados de sus estratégicos cargos en Comodoro Py. Se trata de los tres magistrados a los que el máximo tribunal les aceptó un recurso de per saltum esta semana para tratar sus casos ante un fallo desfavorable de primera instancia. La Corte aceleró los plazos pero difícilmente llegue a expedirse la semana que viene sobre el fondo del asunto.
«Si bien los recurrentes consideran que los actos sobrevinientes emanados de otros poderes del Estado, resultan una consecuencia directa de la Resolución CM nro. 183/20, lo cierto es que, aunque las intervenciones de aquellos órganos se sucedieron entre sí, son independientes de lo dispuesto por este Cuerpo», dijo Lugones en el «corolario» del escrito que lleva su firma e incorporado a los expedientes tramitados en Corte. Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi de manera conjunta y Germán Castelli por las suyas fueron a la Justicia para intentar mantener sus cargos en la Cámara Federal penal porteña, los dos primeros, y el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 7 (TOCF7) el restante.
La demanda de los tres magistrados -licenciados ahora por la Corte por un mes a sus pedidos- justamente apunta a la resolución del Consejo de la Magistratura a través de la cual se advirtió al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) sobre los casos de diez jueces trasladados de cargos únicamente a través de un decreto del presidente de la Nación pero sin acuerdo del Senado. Los traslados de estos tres jueces fueron dispuestos durante la presidencia de Mauricio Macri y la oposición dice que ahora su sucesor, Alberto Fernández, los quiere apartar de sus puestos para beneficiar la situación de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner en las varias causas penales que afronta tras su paso por el máximo cargo de gobierno.
«Esa declaración no posee virtualidad suficiente para determinar ni condicionar las decisiones adoptadas por los restantes órganos constitucionales intervinientes -extraños a esta litis- en el ámbito de sus potestades constitucionales exclusivas», expresó Lugones en alusión a la resolución inicial del organismo que preside. Y recordó que el Senado fundamentó el rechazo a los pedidos de acuerdo de los tres jueces en litigio en sus ausencias a la audiencia convocada a tal efecto y a la que sí asistieron los otros jueces que se encontraban alcanzados por la misma decisión.
«Se pretende demandar a este Consejo por actos que no corresponden a su incumbencia constitucional», se añadió en el texto presentado en las causas y que se acompaña al final de esta misma nota. El argumento contrasta con el expuesto por el oficialismo en las últimas semanas sobre los tres pasos constitucionales exigidos para la designación de un juez: concurso en el Consejo de la Magistratura, elección dentro de una terna por parte del Poder Ejecutivo y aprobación del Senado. El concurso ya había ocurrido, aunque fuera para otro cargo para el que sí se les había dado acuerdo en el Senado a los tres magistrados.
«Evidentemente, y tal como ha sido señalado en intervenciones anteriores, a más de adolecer de razón jurídica sustantiva y de no haberse escogido la vía jurídica adecuada, la presente acción se encuentra mal direccionada y por ende condenada a su fracaso definitivo. La ausencia de agravios descripta evidencia una carencia de titularidad en la relación sustancial y plantea una insoslayable falta de caso judicial», concluye el escrito de respuesta a la demanda llegada a la Corte. Los tres jueces sostienen que para revocar sus traslados el Gobierno debió haber acudido a la Justicia a través de un juicio contencioso que así lo dispusiera con la firma de un colega. Y recordaron que sus traslados habían sido aprobados por el Consejo de la Magistratura.
Ahora en el máximo tribunal se aguarda la opinión del procurador general interino, Eduardo Casal, no vinculante, pero la decisión de la Corte, que no tiene plazos, no llegaría la semana que viene aunque no demoraría, según estimaron fuentes tribunalicias. La oposición considera que Casal es víctima como los tres jueces de una avanzada oficialista para correrlo de su cargo. Incluso ambas cuestiones son investigadas de manera conjunta en una causa penal más amplia tramitada en el juzgado federal a cargo de María Eugenia Capuchetti con intervención del fiscal Carlos Stornelli tras una denuncia del diputado Jorge Enríquez y otros legisladores opositores. Ellos consideran que esos hechos, junto con otras acciones, constituyen una maniobra que tiene como objetivo beneficiar a Cristina Fernández de Kirchner.
Mientras tanto la institución presidida por Lugones deberá abstenerse de cubrir de la manera que fuere los lugares que ocupaban Bruglia y Bertuzzi en la Cámara Federal de Comodoro Py y Castelli en el TOCF7, donde se encuentra radicada la causa contra la vicepresidenta de la Nación conocida como «los cuadernos de las coimas».